Un fallo de Cámara confirmó la sentencia de primera instancia que además obliga al colegio inmobiliario a controlar a sus matriculados. La medida beneficia a unos 900.000 inquilinos. "Tampoco podrá cobrarse más $450 por cada certificación de firma y el propietario debe pagar la suya", explicó ACIJ.
Fuente: Iprofesional-legales
